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GASTOS DE HIPOTECA

El Tribunal Supremo ha publicado este lunes las sentencias de la sala de lo civil 147/2018 y 148/2018 de 15 de marzo de 2018, cuyo fallo, en el que se declaraba que es el cliente el que debe hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados al formalizar un contrato hipotecario, ya fue adelantado el pasado 28 de febrero.

Estas sentenias son fruto de dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El Tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite. 

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el art. 76.e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, que concede al asegurado el derecho a acudir al arbitraje

La Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 de enero declara que el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, es inconstitucional y nulo.

La decisión cuenta con los votos particulares de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos y Antonio Narváez Rodríguez (al que se adhiere el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho). Con ello estima la cuestión de inconstitucionalidad suscitada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea.

Según el precepto cuestionado: “El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada”.

De acuerdo con la presente decisión “el derecho reconocido al asegurado por el artículo 76 e) LCS y la correlativa obligación del asegurador de someterse a dicho arbitraje debe cohonestarse con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…). Solo en caso de no ser ello posible, la norma cuestionada no sería compatible con los preceptos constitucionales que se invocan por el órgano judicial como vulnerados.

La posible vulneración del art. 24 CE no vendría dada tanto por el hecho de que el contrato de defensa jurídica haya de someterse inicialmente a un procedimiento arbitral, sino, más precisamente, por impedir su posterior acceso a la jurisdicción, ya que la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales (arts. 40 y ss de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje), con la consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo.

En este sentido, no cabe duda de que una mera revisión formal sólo puede ser compatible con las exigencias del art. 24 CE cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio arbitral, entendido éste como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse a él y en consecuencia al laudo que se obtenga (…). No puede decirse, ciertamente, que la sumisión a arbitraje de las eventuales diferencias entre asegurado y asegurador en los términos del artículo 76 e) LCS, imponga un obstáculo arbitrario o caprichoso para acceder a la tutela judicial efectiva. Responde tanto a la plausible finalidad de fomentar el arbitraje como medio idóneo para la solución de conflictos, descargando a los órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa, así como, preferentemente, a la de otorgar una especial protección al asegurado en su condición de consumidor, en tanto que el objeto del seguro es la prestación a favor de este, de los servicios de defensa jurídica frente a terceros.

Sin embargo, el servicio a un fin constitucionalmente lícito no justifica en este caso la consecuencia jurídica cuestionada, la restricción al derecho fundamental que el arbitraje obligatorio supone. Dicha restricción deriva de que el sometimiento de la cuestión a arbitraje se impone por la sola voluntad de una de las partes del contrato, de modo que establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial de la otra que es contrario al derecho de todas las personas ‘a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’ (en similares términos, STC 174/1995, FJ 3).

Dos son los efectos que se derivan del precepto:

el primero, la obligación de una de las partes, por voluntad de la otra, de someter la cuestión a arbitraje y, por tanto, a estar y pasar por lo decidido en el laudo, y el segundo, el efecto de impedir a los jueces y tribunales conocer del litigio sometido a arbitraje, pues el control judicial del laudo arbitral no comprende el fondo del asunto. Por tanto, la imposición de un arbitraje como el previsto en el art. 76 e) LCS vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 CE, pues impide el acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE).

El precepto ha eliminado para una de las partes del contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, en cuanto fija una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha depende únicamente de la voluntad de una de las partes (…). Por ello, resulta contrario a la Constitución que la Ley de contrato de seguro suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje, denegándole la posibilidad en algún momento de solicitar la tutela jurisdiccional”.

El excesivo ruido en el exterior del domicilio viola la intimidad

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) vuelve a condenar a España por no proteger a un ciudadano del ruido nocturno provocado por locales y terrazas en Valencia, que afectaron a su vida privada. Así, obliga al Estado a garantizar el derecho al respeto de su domicilio y su intimidad e indemnizarle con 7.000 euros por daños morales y materiales, y 6.671,26 por gastos y honorarios.

La sentencia del TEDH, cuyo ponente es el magistrado Stephen Phillips, concluye que se viola "el artículo 8 del Convenio europeo que protege el derecho del individuo al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia". Por ello, entiende el ponente que el domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado en donde se desarrolla la vida privada y familiar. Así, el individuo, expone la sentencia, "tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo como el derecho a un espacio físico, sino también como el derecho a disfrutar en toda tranquilidad de dicho espacio".

Como en casos similares, el Tribunal recuerda la Directiva 2006/12, sobre contaminación acústica y olfativa, transpuesta por España en noviembre de 2009. En su artículo 4.1 establece que "las vulneraciones del derecho de respeto al domicilio no son solamente las de índole material o corporal, tales como la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino también las agresiones inmateriales o incorpóreas, como ruidos, emisiones, olores u otras injerencias", y por consiguiente, si las agresiones son graves pueden privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio al impedir gozar del mismo.

No es un caso aislado

La Corte Europea considera que, "a diferencia de los argumentos del Gobierno, este caso es muy similar al de Moreno Gómez". Como ocurrió entonces, el demandante "ha probado suficientemente las consecuencias que el ruido ha tenido en su salud", a través de informes médicos.

Además, un informe solicitado por el demandante situó el nivel de sonido en su habitación en torno a los 50 decibelios y, a veces, incluso a los 60, casi el doble de lo permitido por el consistorio en horario nocturno, 30 decibelios.

El TEDH sí coincide con el Ejecutivo español en que "la mera declaración" municipal de un área como acústicamente saturada, "no puede considerarse una justificación para reconocer el daño causado a todos los residentes".

Así, el fallo dice que el Estado "no ha cumplido con su obligación positiva" de garantizar al demandante su derecho a la vida privada y familiar, que recoge el artículo 8 del Convenio Europeo.

La sentencia recuerda que el Ayuntamiento de Valencia acordó en 1983 no permitir ninguna nueva licencia de apertura de locales, "algo que nunca se cumplió".

 

 

El Tribunal Supremo decidirá a quién se le devuelve la plusvalía municipal

El Tribunal Supremo (TS) resolverá en los próximos meses las condiciones en las que los contribuyentes que han pagado la plusvalía municipal sin que les correspondiese, antes del día 15 de junio de 2017, podrán recuperar el dinero pagado, una vez que entre en vigor la normativa pactada entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que establece esa fecha para el inicio de las devoluciones por los Ayuntamientos.

 

El TS ha emitido numerosos autos en los que admite recursos de casación de contribuyentes afectados y, últimamente, hasta siete presentados por ayuntamientos en torno a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la parte del articulado del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), que regulaba el método para calcular la base imponible de la conocida popularmente como plusvalía municipal -el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)-, .

Los municipios recurrentes argumentan que la anulación de todas las liquidaciones -con plusvalía y sin ella-, solicitada por los contribuyentes, como consecuencia de la anulación parcial del TRLHL, que de ser errónea esa interpretación produciría un grave daño al interés general, porque podría afectar a un gran número de situaciones,

Seguridad jurídica

Los autos, cuyos ponentes son los magistrados Frías Ponce y Garzón Herrero, se preguntan si es obligatoria, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de que haya existido o no un aumento real de capacidad económica, por razones de seguridad jurídica, de igualdad en la aplicación de la Ley y de respeto a la reserva de ley en materia tributaria. Así, lo han entendido diversos juzgados, que han elevado la cuestión al Alto Tribunal para que resuelva.

Ambos magistrados, en aras de la seguridad jurídica, determinan que es conveniente que el Tribunal Supremose pronuncie para que esclarezca la cuestión y determine si corresponde al Ayuntamiento la carga de la prueba de que se ha producido el incremento de valor del inmueble transmitido.

A este respecto, en los autos planteados por contribuyentes, se viene a concluir la necesidad de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo proceda a determinar si se produce o no el hecho imponible del IIVTNU cuando el interesado pueda acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del impuesto.

Garzón Herrero concluye, por ejemplo, en su auto de 30 de octubre de 2017, que " los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".

Determinan ambos magistrados que el TC falla en la sentencia que la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL, pero únicamente en cuanto sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.

Así, consideran que una vez expulsados del ordenamiento jurídico estos artículos la forma de determinar la existencia o no de un incremento que pueda ser sometido a tributación solo le corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de la sentencia del TC, llevando a cabo modificaciones en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento.

 

Es discriminatorio enviar fuera a una empleada con un hijo a su cuidado

 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias declara discriminatorio imponer a una trabajadora con jornada reducida, por cuidado de su hijo, una formación 23 días fuera de su localidad.

La sentencia, de 3 de octubre de 2017, concluye que la medida "constituyó una discriminación por razón de sexo, al conculcar su derecho a cuidar de su hijo menor para lo cual tenía reconocida una reducción de jornada, aunque el convenio colectivo que resulta de aplicación recoja la obligación de los trabajadores afectados de asistir a estos cursos porque esta norma convencional, como todas las normas, debe ser interpretada con arreglo al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres".

El fallo dice que "en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, recuerda que las facultades organizativas del empresario quedan condicionadas por el hecho de la maternidad de la trabajadora".

Además, "el TSJ de Asturias concluye que la denegación de la solicitud de la no asistencia al curso no constituye una represalia porque el curso era necesario y presencial y en caso de no acudir al mismo para recibir la formación la demandante quedaría en un puesto vacío de contenido tras la reorganización de su departamento, pero esta necesidad de asistir al curso de formación nada tiene nada que ver con el anterior procedimiento judicial sentenciado a favor de la trabajadora".

Por su parte, el magistrado Lajo González, ponente del fallo, apunta que, en el campo de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental. "Entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo", añade el ponente.

 

La sentencia señala que "hay que tener presente que la discriminación por razón de sexo también se produce con un trato fundado en circunstancias o condiciones que tienen con el sexo una conexión directa e inequívoca". El fallo concluye que "la prohibición de discriminación entre los sexos impone como fin y generalmente como medio la parificación, de modo que la distinción entre los sexos sólo puede ser utilizada excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica".