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La indemnización por despido incluye las primas de seguro de vida, médico y plan de jubilación

El Tribunal Supremo se ha pronunciado, en sentencia 386/2017, de 3 de mayo, sobre el cálculo de la indemnización por despido improcedente, suscitándose en el litigio la cuestión de si ciertas cantidades que eran abonadas al trabajador, forman parte o no de su salario a los efectos de calcular la correspondiente indemnización por despido, que fue considerado improcedente.

Antecedentes: demanda por despido y declaración de improcedencia

El trabajador venía prestando servicios para la empresa con la categoría de gerente de negocios regional. Entre las cláusulas de su contrato se encontraba, además del pago de incentivos o Stock Options, el pago por la empleadora de las primas correspondientes a un seguro de vida, el seguro de asistencia sanitaria y un plan de jubilación.

El trabajador fue despedido, y tras la correspondiente demanda, fue declarado improcedente por el Juzgado de lo Social. Recurrida la sentencia en suplicación, fue estimado parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, rebajándose la cuantía del salario anual del trabajado y por tanto modificándose la cuantía indemnizatoria. La Sala había admitido la naturaleza salarial de los seguros de médico y vida, así como del plan de jubilación y de los «beneficios obtenidos por la venta de las RSUs y Stock Options», cuyo importe computa para el cálculo de la indemnización. La empresa decide recurrir en casación al no estar de acuerdo con el fallo del TSJ.

Naturaleza salarial de los seguros de médico, vida y plan de jubilación: salario en especie

El Tribunal Supremo insiste en que dichos conceptos No son extrasalariales. Para ello hace mención a la STS de 2 de octubre de 2013 en la que se llega a la conclusión de que se está en presencia de un salario en especie, por tres consideraciones:

• el abono del seguro deriva de una relación laboral y es una contrapartida a las obligaciones del trabajador.

• Aunque se aceptase su naturaleza de mejora de la Seguridad Social, se hace difícil considerar que sea uno de los supuestos de exclusión del artículo 26.2 ET  , porque lo que podría quedar excluido seria la obtención de las ulteriores prestaciones o indemnizaciones derivadas de ese seguro.

• Porque fiscalmente está considerado como retribución en especie.

Reitera por tanto dicha doctrina y añade que el artículo 26.1 ET contiene una regla general, esto es, que se considera salario, la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena, cualquiera que sea la forma de remuneración.

Presunción iuris tantum

Esta aseveración, según la Sala contiene una presunción iuris tantum de que todo lo que percibe el trabajador del empresario lo es en concepto de salario, algo que puede quedar desvirtuado por prueba en contrario, bien de que la cantidad obedece a alguna de las razones del artículo 26.2 ET, o bien que su abono está paccionado con carácter indemnizatorio.

En consecuencia el salario, a su entender, tiene "carácter totalizador", pues tiene cualidad salarial todo lo que el trabajador recibe por la prestación de sus servicios con independencia de su denominación formal, su composición o de su procedimiento, o cualidad del tiempo al que se refiera.

¿Un argumento de índole fiscal es extrapolable al orden laboral?

La empresa alegó que el argumento de que las cantidades litigiosas fueran consideradas fiscalmente como retribución en especie no era de recibo, puesto que no podían extrapolarse los argumentos fiscales al orden laboral.

La Sala de lo Social rechaza dicho argumento. Aunque de forma incondicionada no pueden trasvasarse normas de una parcela de derecho para aplicarse a otras distintas, también hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico forma un todo unitario y pleno, sin lagunas insalvables, pues siempre podrá acudirse al procedimiento analógico cuando se den las condiciones previstas legalmente.

En este caso, además, no es que se aplique una norma fiscal para atribuir carácter de salario a unos conceptos, sino que utiliza la legislación tributaria (artículo 42.6 LIRPF) para corroborar una conclusión a la que llega desde un punto de vista exclusivamente laboral.

Legitimación activa del propietario por actividades que le perjudican o molestan directamente ante la inactividad del Presidente de la Comunidad TS, Sala Primera, de lo Civil, 18-5-2016

Esta Sentencia, que confirma la doctrina de las Resoluciones que figuran al final de estas consideraciones, es realmente digna de elogio, pues desgraciadamente los Tribunales no suelen complementar y clarificar una disposición legal para dar cobertura a una persona que tiene toda la razón, pero que, con la literalidad de la Ley, no podría exigir por sí mismo los derechos contenidos en el régimen de propiedad horizontal, en este caso, cuando un propietario u ocupante de vivienda o local lleva a cabo actividades que molestan de forma clara a otro comunero de la Finca.
Efectivamente, el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal deja en manos del Presidente que este requiera al que lleva a cabo las actividades prohibidas y molestas y luego determina que haya acuerdo en Junta para exigir judicialmente la cesación de la actividad. Pero la dejación del representante legal y de la propia Comunidad no puede dejar al infractor que siga llevando a cabo una actividad molesta, aunque ello solo afecte a uno de los copropietarios.
Esto ocurre con cierta frecuencia, pues, desde luego, la solidaridad no es la mejor virtud de las Comunidades de Propietarios y menos en este tipo de supuestos, toda vez que los que no sufren las molestias directamente, desgraciadamente no están muy dispuestos a entrar en procedimiento judicial en defensa de los derechos de otro u otros propietarios (siempre lógicamente una minoría) que por ello se encuentran totalmente desamparados.
Ahora bien, como se desprende de la Sentencia comentada, entendemos que quien se encuentre en esta situación debe dar cuenta o requerir al Presidente y solo cuando este no lleve a cabo el requerimiento que exige el citado art. 7.2 LPH, es cuando puede actuar por su cuenta y de forma directa el propietario afectado. En definitiva, en la demanda judicial debe acreditar que ha cumplido con este requisito previo y, por supuesto, con otro aviso fehaciente dirigido al propietario y/o ocupante que llevan a cabo las actividades prohibidas y molestas, naturalmente siempre probando que ello se está produciendo en perjuicio directo, toda vez que consideramos que tampoco podría actuar en beneficio de terceros, es decir, de otro propietario.
 

Nulidad parcial del período de prueba en un contrato para emprendedores

TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 28-2-2014

La Sala considera que el pacto de período de prueba plasmado en la cláusula segunda del contrato de trabajo que suscribieron los litigantes no deviene nulo porque se haya pactado una duración de un año en todo caso, sino que solamente queda afectado por la nulidad el exceso de duración respecto de la establecida convencionalmente. Por ello, la cláusula queda rectificada ajustando este aspecto a la regulación del Convenio Colectivo, como un supuesto de nulidad parcial regulada en el art. 9.1 del Estatuto de los Trabajadores, lo que se ha denominado nulidad parcial coactiva o imperativa. 

El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos

La condena por un delito de violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar y de la comunicación con la madre, imposibilita el ejercicio de la función parental adecuada al interés de los hijos y, por tanto, el ejercicio de la custodia compartida.

Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Cantabria en una sentencia de fecha 9 de marzo de 2016 (sentencia número 153/2016, ponente señor Fernández Díez), por la que  revoca la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander que había otorgado la custodia compartida de sus hijos a un hombre que condenado por un delito de malos tratos.

Tratamiento constitucional distinto al "euro por receta" que a la tasa judicial en Cataluña

TC, Pleno, 6-5-2014

Declarada la inconstitucionalidad del popularmente conocido como "euro por receta". La atención de la Sentencia del Tribunal Constitucional se debe centrar en el voto particular emitido por el Magistrado D. Andrés Ollero Tassara.

El Magistrado indica que la discrepancia aparece cuando el Tribunal Constitucional interpreta que el indicado "euro por receta" deviene inconstitucional al establecer un límite a los ciudadanos para acceder a determinados recursos, pero este criterio y esta limitación no se aprecian suficientemente en la declaración de constitucionalidad de la tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia de Cataluña.

Vaticina el Magistrado, para el caso de las tasas judiciales, que el fallo adoptado supone permitir una doble imposición a aquellas Comunidades que se plantean, atribuyéndose la competencia, imponer una tasa judicial de carácter autonómico.