"Cobertura nacional e internacional (Portugal, Latinoamérica, Rumanía, etc)"

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Legitimación activa del propietario por actividades que le perjudican o molestan directamente ante la inactividad del Presidente de la Comunidad TS, Sala Primera, de lo Civil, 18-5-2016

Esta Sentencia, que confirma la doctrina de las Resoluciones que figuran al final de estas consideraciones, es realmente digna de elogio, pues desgraciadamente los Tribunales no suelen complementar y clarificar una disposición legal para dar cobertura a una persona que tiene toda la razón, pero que, con la literalidad de la Ley, no podría exigir por sí mismo los derechos contenidos en el régimen de propiedad horizontal, en este caso, cuando un propietario u ocupante de vivienda o local lleva a cabo actividades que molestan de forma clara a otro comunero de la Finca.
Efectivamente, el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal deja en manos del Presidente que este requiera al que lleva a cabo las actividades prohibidas y molestas y luego determina que haya acuerdo en Junta para exigir judicialmente la cesación de la actividad. Pero la dejación del representante legal y de la propia Comunidad no puede dejar al infractor que siga llevando a cabo una actividad molesta, aunque ello solo afecte a uno de los copropietarios.
Esto ocurre con cierta frecuencia, pues, desde luego, la solidaridad no es la mejor virtud de las Comunidades de Propietarios y menos en este tipo de supuestos, toda vez que los que no sufren las molestias directamente, desgraciadamente no están muy dispuestos a entrar en procedimiento judicial en defensa de los derechos de otro u otros propietarios (siempre lógicamente una minoría) que por ello se encuentran totalmente desamparados.
Ahora bien, como se desprende de la Sentencia comentada, entendemos que quien se encuentre en esta situación debe dar cuenta o requerir al Presidente y solo cuando este no lleve a cabo el requerimiento que exige el citado art. 7.2 LPH, es cuando puede actuar por su cuenta y de forma directa el propietario afectado. En definitiva, en la demanda judicial debe acreditar que ha cumplido con este requisito previo y, por supuesto, con otro aviso fehaciente dirigido al propietario y/o ocupante que llevan a cabo las actividades prohibidas y molestas, naturalmente siempre probando que ello se está produciendo en perjuicio directo, toda vez que consideramos que tampoco podría actuar en beneficio de terceros, es decir, de otro propietario.
 

El padre condenado por violencia de género no puede ejercer la custodia compartida de sus hijos

La condena por un delito de violencia de género, que aparta al padre del entorno familiar y de la comunicación con la madre, imposibilita el ejercicio de la función parental adecuada al interés de los hijos y, por tanto, el ejercicio de la custodia compartida.

Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Cantabria en una sentencia de fecha 9 de marzo de 2016 (sentencia número 153/2016, ponente señor Fernández Díez), por la que  revoca la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander que había otorgado la custodia compartida de sus hijos a un hombre que condenado por un delito de malos tratos.

Tratamiento constitucional distinto al "euro por receta" que a la tasa judicial en Cataluña

TC, Pleno, 6-5-2014

Declarada la inconstitucionalidad del popularmente conocido como "euro por receta". La atención de la Sentencia del Tribunal Constitucional se debe centrar en el voto particular emitido por el Magistrado D. Andrés Ollero Tassara.

El Magistrado indica que la discrepancia aparece cuando el Tribunal Constitucional interpreta que el indicado "euro por receta" deviene inconstitucional al establecer un límite a los ciudadanos para acceder a determinados recursos, pero este criterio y esta limitación no se aprecian suficientemente en la declaración de constitucionalidad de la tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de Justicia de Cataluña.

Vaticina el Magistrado, para el caso de las tasas judiciales, que el fallo adoptado supone permitir una doble imposición a aquellas Comunidades que se plantean, atribuyéndose la competencia, imponer una tasa judicial de carácter autonómico. 

Nulidad parcial del período de prueba en un contrato para emprendedores

TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 28-2-2014

La Sala considera que el pacto de período de prueba plasmado en la cláusula segunda del contrato de trabajo que suscribieron los litigantes no deviene nulo porque se haya pactado una duración de un año en todo caso, sino que solamente queda afectado por la nulidad el exceso de duración respecto de la establecida convencionalmente. Por ello, la cláusula queda rectificada ajustando este aspecto a la regulación del Convenio Colectivo, como un supuesto de nulidad parcial regulada en el art. 9.1 del Estatuto de los Trabajadores, lo que se ha denominado nulidad parcial coactiva o imperativa.